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“Justa”, decisión de Washington: Cuba; la decisión se tomó con análisis de hechos: John Kerry

La Habana. Cuba calificó de “justa” la decisión de Barack Obama, presidente de Estados Unidos de retirar a Cuba de una lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que, sostuvo, “nunca debió ser incluida”.

La directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, Josefina Vidal Ferreiro, se refirió al anuncio de que Obama emitió una Certificación de rescisión de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

“Mediante esta acción, el presidente Obama ha decidido excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional y notificar a estos efectos al Congreso de los Estados Unidos, el cual tendrá un plazo de 45 días para pronunciarse”, expuso la nota.

“El gobierno de Cuba reconoce la justa decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos de eliminar a Cuba de una lista en la que nunca debió ser incluida”, recalcó.

La declaración sostiene que Cuba “ha sido víctima de centenares de actos terroristas, que han costado la vida a tres mil 478 personas y han incapacitado a dos mil 099 ciudadanos cubanos”.

Por su parte, el secretario estadunidense de Estado, John Kerry, señaló que la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo se tomó con base en un análisis de los hechos, la garantía del gobierno cubano y el criterio legal del Congreso.

“Nuestra determinación, de acuerdo con los hechos, incluyendo garantías corroborativas del gobierno de Cuba y el estándar legal, es que la hora ha llegado para rescindir la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo”, apuntó Kerry en un comunicado.

La semana pasada la dependencia presentó a la Casa Blanca un reporte con la recomendación al presidente Barack Obama de anular la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

La Casa Blanca anunció este martes que el presidente Obama determinó sacar a Cuba de la lista del Departamento de Estados con los países que respaldan al terrorismo internacional, una de las exigencias de Cuba para avanzar en la normalización de relaciones bilaterales.

 

Kerry destacó que la recomendación refleja la evaluación de que Cuba cumple con los criterios legales establecidos por el Congreso para excluirlo del listado.

Apuntó que la revisión se enfocó en evaluar si Cuba ofreció cualquier tipo de apoyo al terrorismo internacional durante los últimos seis meses.

Asimismo, las autoridades cubanas deben ofrecer garantías de que no respaldarán actos de terrorismo en el futuro.

“Las circunstancias han cambiado desde 1982, cuando Cuba fue originalmente designada como un Estado patrocinador del terrorismo por sus esfuerzos para promover una revolución armada en América Latina”, remarcó Kerry.

Puntualizó que el continente y el mundo lucen hoy en día muy diferentes con respecto a hace 33 años.

Por su parte, funcionarios gubernamentales que pidieron el anonimato subrayaron que el proceso de revisión fue “muy riguroso”, por lo que tomó alrededor de cuatro meses desde que el presidente Obama encomendó al Departamento de Estado analizar el caso de Cuba.

En diciembre pasado, luego del anuncio de Obama y Raúl Castro sobre la normalización de relaciones, el mandatario solicitó al Departamento de Estado realizar la revisión “como un componente crítico para establecer una nueva dirección” en la relación Estados Unidos-Cuba.

Recordaron que el presidente Obama ha dicho que Estados Unidos continuará teniendo diferencias con Cuba en temas como derechos humanos y democracia, pero esos desacuerdos no necesariamente serían un factor para la determinación anunciada este martes.

Apuntaron que cuando la isla sea retirada de la lista de países promotores del terrorismo, luego del periodo de 45 días estipulado por la ley, se levantarán algunas sanciones impuestas por regulaciones inherentes a dicha designación.

Sin embargo, aclararon que el retiro de esa lista no tiene impacto en las sanciones que corresponden a otras regulaciones del embargo, incluyendo la prohibición de hacer transacciones con ciudadanos cubanos o el gobierno de Cuba.