Acusan a Mauricio Tabe de usar programa social en favor de panistas y para promover su imagen

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  • Nuevo caso de corrupción en la alcaldía Miguel Hidalgo, denuncia legislador

 

El diputado del PVEM Martín Padilla acusó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de utilizar el programa social Embajadores MH “con el fin de promocionarse, atacar a la oposición en la demarcación y beneficiar a los integrantes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México”.

El legislador detalló que en días recientes, él y su equipo detectaron que las personas beneficiarias del programa distribuyen un periódico con connotaciones políticas a favor de Tabe. Y explicó que, a partir de una revisión de las 100 personas beneficiarias del programa, se identificó que al menos 20 forman parte del PAN capitalino, lo que consideró una violación a la ley y una manera de favorecer a simpatizantes del gobierno actual; esto, pese a que las bases de operación del programa refieren que las actividades de las personas beneficiarias son “dar a conocer la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y brindar orientación sobre los servicios que proporciona la alcaldía”.

El legislador denunció que son hechos graves, pues el programa tiene un presupuesto de 8 millones de pesos para este año con el fin de beneficiar a adultos mayores de entre 50 y 64 años desempleados de la Miguel Hidalgo, y “sin fines partidistas”. De éstos, 90 son Embajadores MH que recibirán un apoyo de 71 mil pesos, y otros 10 son Coordinadores MH, con un apoyo de 90 mil pesos.

Padilla dijo que con esas evidencias se presume la existencia de un nuevo caso de corrupción en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues el programa Embajadores MH “está siendo utilizado para realizar actividades proselitistas disfrazadas de programa social en favor del PAN y de Mauricio Tabe Echartea”, quien recientemente anunció su intención de relegirse en 2024.

Al final exigió al panista que explique por qué entre las personas beneficiarias figuran personas del Partido Acción Nacional. Asimismo, solicitó a la Contraloría General de la Ciudad de México que realice una investigación sobre dicho programa para verificar su legalidad o, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

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