Desde hace varias semanas habitantes y visitantes del municipio Cuautitlán México, que preside Cuauhtémoc Masón Ortiz en sustitución del ahora diputado local Ariel Juárez Rodríguez, han denunciado actos de corrupción y extorsión por parte de patrulleros, por lo que solicitan a la Fiscalía del Estado de México investigue e intervenga en el caso.
La práctica de corrupción y extorsión, denuncian automovilistas afectados, ha llegado a niveles inaceptables. Detienen a los ciudadanos por presuntas faltas al reglamento de tránsito, pero lejos de aplicar la ley y sancionar con las multas correspondientes, los policías solicitan la licencia y tarjeta de circulación, una vez en su poder amenazan con llevarlos al corralón y les dicen que si quieren arreglar la situación tienen que pasar a la delegación de tránsito. Una vez ahí, ya con el auto confinado, un funcionario expone a los ciudadanos que su documentación es falsa y los amenaza ahora con remitirlos al Ministerio Público.
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Este sujeto argumenta que en el MP se les seguirá un proceso que les puede significar la pérdida de la libertad durante meses, llevar la unidad al corralón y les explica que ahí deberán pagar 60 mil o 70 mil pesos para recuperar el coche.
Ante este panorama exigen a los ciudadanos una “mordida” de 30 mil pesos para dejarlos en libertad. Ahí empieza la negociación y les dicen a los afectados que pidan prestado a sus familiares.
A estas alturas los ciudadanos ya han sido amedrentados y se ven en la necesidad de entregar por lo menos 10 mil pesos. Es decir, lo que debería ser una multa de tránsito se transforma en una extorsión.
Una vez pactada la cantidad los mismos patrulleros llevan al ciudadano afectado al domicilio o a un cajero automático para que retiren la cantidad y puedan liberar su automóvil y seguir su camino.
Incluso estos funcionarios corruptos no entregan las licencias o tarjetas de circulación que según ellos eran apócrifas con lo que los ciudadanos salen más afectados ya que tienen que pagar nuevamente para tramitarlas de nueva cuenta.
Ante esta situación los ciudadanos solicitan a la Fiscalía Mexiquense realice una investigación exhaustiva y castigue a estos policías y funcionarios corruptos por prácticas de extorsión.
Esta situación ha sido denunciado desde hace algunas semanas, a dos meses de que concluya la presente administración, por ello la urgencia de terminar con estas prácticas, en beneficio de los ciudadanos.