Prometieron sumar más de 1,400 lugares a los que habitualmente ingresan cada año a la UNAM mediante una plataforma a distancia, pero terminaron aceptando un contrato millonario por asignación directa que colapsó.
El resultado es un escándalo mayúsculo: un examen nulo anunciado semanas tarde, una generación estigmatizada como tramposa y una cúpula académica que ha eludido el fondo de su responsabilidad.
La promesa central respondía a una necesidad histórica: incrementar más lugares a la cifra de aspirantes que logran un espacio en la institución en comparación con los procesos regulares de cada año para ingresar a Licenciatura.
Para lograrlo, no hubo una licitación pública abierta, se optó por la adjudicación directa de un contrato que superó los 100 millones de pesos.
El resultado no fue la modernización esperada, ni una aplicación técnica impecable, sino un gravísimo problema que hoy sacude a la Máxima Casa de Estudios del país.
El meollo del escándalo no reside únicamente en la opacidad del convenio millonario, sino en la cronología de la negligencia institucional.
Semanas después de haberse aplicado la fallida evaluación, de haberse procesado los datos, de haberse publicado los resultados definitivos y de haberse informado formalmente a los jóvenes quiénes ingresaban y quiénes quedaban fuera, la UNAM emitió un viraje drástico: el examen no sirvió, porque “los alumnos hicieron trampa”.
Lo cierto es que, pese a las disculpas ofrecidas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas a quienes van a tener que volver a presentar el examen, hasta ahora las causas reales de lo sucedido se desconocen.
De nada valió el esfuerzo de sacrificar recursos de la familia para pagar un curso de preparación, ni el esfuerzo de estudiar varias horas al día, ni el de conseguir un equipo adecuado para presentar vía digital la prueba que ya habían acreditado y les aseguraba un lugar en la gloriosa UNAM, la institución académica con mayor demanda del hemisferio.
Ahora regresa el estado emocional de alto estrés y los que estaban aceptados antier, vuelven a ser ilusos aspirantes y a quedar en el limbo de absoluta incertidumbre.
Lo más grave de esta crisis provocada por la llamada burocracia dorada es el trato dispensado a los afectados.
En los medios convencionales se satanizó a toda una generación de aspirantes, señalándolos injustamente como “tramposos”, mientras la cúpula dorada de la UNAM no ha dado una explicación perfectamente sustentada de ¿qué ocurrió? ¿falló el sistema? ¿se vulneró la inteligencia artificial? ¿vendieron los reactivos? ¿fue culpa de la empresa? o ¿quiénes son los verdaderos responsables?
Como bien han señalado diversos especialistas, el rector se autollamó un “agraviado” más de la situación, adoptando el papel de víctima institucional como si no fuera la autoridad máximo de la Universidad y el responsable principal de haber tomado decisiones equivocadas.
Era su obligación actuar de inmediato ante las primeras señales de colapso, y no semanas después de que los resultados ya habían sido validados oficialmente ante la comunidad, al menos para causar un menor impacto emocional en los aspirantes ahora frustrados.
A este desaseo institucional, que ya muestra un alto grado de ineficiencia, se suma un daño financiero monumental para la UNAM. Porque también se pretextó un ahorro de recursos con el examen fantasma, que se va a convertir en la mayor inversión realizada para este ejercicio de admisión.
Lo que sí se sabe es que a la empresa Territorium Life, una S.A.P.I. de C.V., es decir, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión —figura financiera creada en el sexenio Foxista y que ha servido para defraudar a miles de mexicanos— se le pagó un total de 101.7 millones de pesos.
Además, la sanción máxima estipulada por incumplimiento contractual ronda apenas el 10%. Si el rector quiere recuperar cierta credibilidad en lo que le queda a su administración, debería rendir un informe pormenorizado a la comunidad universitaria.
Este gravísimo error le costó hasta ahora el puesto a la secretaría general de la máxima casa de estudios, un obvio despido orquestado el fin de semana sin explicar el porqué de su salida, pero sugiriendo tácitamente que fue la principal culpable del problema.
Más allá de este movimiento burocrático que se antoja como el clásico despido para bajar la presión sobre el rector, el fiasco obliga a las autoridades académicas a replantear de fondo el examen para ingresar a la licenciatura de la UNAM.
Porque para nadie es un secreto que no es un examen que mida capacidades, trayectoria académica, actividades extracurriculares ni pensamiento crítico de los aspirantes.
Se trata de una evaluación estandarizada de opción múltiple, o como lo llaman con sorna algunos profesores de la propia UNAM, de “confusión múltiple”, diseñada para excluir a ocho de cada diez aspirantes.
Una prueba esencialmente de memorización que determina quiénes tendrán la suerte de lograr los reactivos necesarios para lograr la oportunidad de su vida de cambiar su destino al ingresar a la máxima casa de estudios del país.
La UNAM requiere hoy de una rectoría sólida, con visión, conocimiento y profesionalismo para volverla a colocar entre las primeras del mundo. Veremos si hay la capacidad para salir de este galimatías y regresarle su maltratado prestigio.